En el marco del segundo encuentro de la Asociación Justicia Legítima en la ciudad de La Plata, la procuradora general de la Nación se refirió a la denuncia que la involucra en el presunto nombramiento irregular de fiscales. Indicó que es un ataque “contra nuestra Constitución, donde el único beneficiado es el crimen organizado y quien está claramente perjudicado es la sociedad”. En su presentación no se expresó sobre la imputación por presunto encubrimiento al empresario kirchnerista Lázaro Báez en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero.

Además de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la segunda jornada de la Asociación Justicia Legitima, ferviente opositora a las posiciones de las tradicionales entidades de jueces y funcionarios de la Justicia, contó con la presencia del ex juez español Baltasar Garzón, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Omar Palermo y Mario Kestelboim, defensor General de la Ciudad de Buenos Aires.

En su exposición la titular de la Procuraduría General de la Nación, advirtió que la agrupación que lidera, Justicia Legítima, a diferencia de otras asociaciones “no va a trabajar en beneficio de los intereses de los miembros que la forman, sino en favor de la sociedad”.

En este sentido, agregó que la comisión directiva no estará integrada sólo por jueces y abogados, sino que incorporará a trabajadores judiciales, organizaciones sociales o cualquier ciudadano “que quiera trabajar en la transformación” de la Justicia.

En tanto, sobre la decisión de la Cámara Federal de reabrir la causa en su contra por el presunto nombramiento irregular de fiscales, expresó: “Hoy somos testigos de una campaña contra la Constitución porque al tocar la autonomía y las funciones del Ministerio Público, se ataca el artículo 120 de la Constitución Nacional”.

“Hoy hay 40 fiscales denunciados penalmente por el sólo hecho que la procuradora General creó la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, la Procuraduría Contra el Lavado de Dinero y el Fraude Económico, la Procuraduría Contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual, la Procuraduría contra la Violencia Institucional y la Corrupción Policial”. Y agregó: “Porque no está denunciada penalmente sólo la procuradora sino todos los fiscales subrogantes y los fiscales ad hoc que aceptaron esa responsabilidad tan delicada, tan riesgosa de luchar contra el crimen organizado”.

“No es un ataque a Gils Carbó como se quiere presentar, porque la titular del organismo debe estar sometida a todas las investigaciones que se quieran hacer sobre su persona, pero lo que no voy a someter ni voy a abdicar son los principios constitucionales que rigen el Ministerio Público”, sentenció.

“Este ha sido un ataque contra nuestra Constitución, donde el único beneficiado es el crimen organizado y quien está claramente perjudicado es la sociedad, porque los 40 fiscales denunciados no ponemos sellos, ejercemos la acción pública que es nuestra herramienta en la lucha contra el crimen”.

Gils Carbó pese a emitir un descargo sobre esta causa, no se refirió a la otra imputación que le recayó en los últimos días. Cabe recordar que el fiscal federal Gerardo Di Masi pidió imputar a la Procuradora General de la Nación; al juez federal Sebastián Casanello y a dos fiscales por presunto encubrimiento del empresario kirchnerista Lázaro Báez en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero.

El encuentro se desarrolló en el Teatro Argentino y al término de la jornada de exposiciones, de la que participarían representantes de fabricas recuperadas, movimientos campesinos, pueblos originarios y comunidades homosexuales argentina, entre otros, se preveía que se presente un documento final que ratifique el respaldo a la reforma al Consejo de la Magistratura impulsada por el Gobierno y las restantes modificaciones en el Poder Judicial, ya aprobadas y promulgadas.