Tarea difícil la de describir, en forma cronológica y sin dejar de involucrar la participación de todos los actores sociales, los acontecimientos del complejo calendario transcurrido desde el trágico martes 2 de abril a la fecha: este jueves se cumplió, en medio de reclamos sociales, un mes de la inundación que dejó secuelas históricas en la capital de la provincia de Buenos Aires: un dato que tristemente se coronó con la reciente confirmación "oficial" de que ascendieron a al menos 60 las víctimas fatales.

En el marco de una marcha conformada por distintas asambleas barriales y familias afectadas que tuvo como epicentro la Plaza Moreno pero también involucró a la Gobernación, este jueves un nutrido grupo de manifestantes reclamó ante las autoridades municipales a través de un petitorio que incluyó, entre otros ítems, el cumplimiento del esclarecimiento de la cantidad de víctimas , “juicio y castigo” para los responsables políticos, inmediata ejecución de obras hidráulicas con participación de asambleístas y derogación del actual Código de Ordenamiento Urbano (COU), uno de los puntos que, tal cual se analiza puertas adentro del Palacio Comunal, es de “más difícil cumplimiento” a pesar de que hace poco más de una semana el propio Daniel Scioli se encargó de exigir revisar.

El reclamo se da en el marco del pleno funcionamiento de la comisión investigadora que en la apertura de sesiones del Concejo, el jefe comunal Pablo Bruera pidió para establecer las causas de lo que especialistas ya denominaron como "un fenómeno meteorológico extraordinario" y en los pasillos del Municipio se esfuerzan en denominar simplemente “catástrofe”.

La conjunción de asambleas barriales, en la que participaron también organismos de derechos humanos, pero sobre todo organizaciones de centro izquierda –tal el caso del Frente Kosteki y Santillán y el Partido Obrero, entre otros- se dio cita a escasas 48 horas de que Bruera saliera a reconocer errores propios de forma pública –ya lo había hecho, aunque con menor énfasis, semanas atrás pero en círculos más herméticos de su entorno- y a cinco días de que la comisión investigadora conformada en la Cámara de Diputados se reúna por primera vez con la posibilidad cierta de convocar al alcalde para pedirle explicaciones.junto a otros funcionarios de la órbita bonaerense –tal el caso del ministro Ricardo Casal, el primero que será citado-.

En ese marco, y luego de tomar nota de los incidentes ocurridos hace 15 días, el bruerismo decidió suspender la sesión prevista para este jueves 2, donde el cuerpo deliberativo iba a seguir tratando temas referidos a la inundación.

Recién la semana próxima y en una reunión de Asamblea de Mayores Contribuyentes los ediles podría avanzar sobre la iniciativa que de aprobarse favorecerá a las familias de las víctimas fatales de las inundaciones con la entrega de un subsidio especial que saldría del fondo económico constituido con la aplicación de una sobrealícuota de hasta dos puntos porcentuales en la tasa de Seguridad e Higiene que abonan 57 grandes contribuyentes de los rubros comercio e industria.

Precisamente este fue uno de los aspectos en los que los manifestantes –según las distintas versiones, acudieron desde 3 mil a 10 mil a Plaza Moreno- pusieron mayor énfasis durante el reclamo: la demanda exigió subsidios y recomposiciones remunerativas y no préstamos que aten a los damnificados a endeudamientos.

No faltaron los que también hicieron lecturas políticas de la resonante marcha –que se caracterizó por la creatividad a la hora de exigir respuestas oficiales- y pusieron el ojo en la presencia “oportunista” de dirigentes opositores, entre ellos algunos con ambiciones electorales de cara a la renovación de escaños, como el radical Sergio Panella, el macrista caído en desgracia Julio Garro, su par en el Concejo, Julio Irurueta, y otros vinculados a fuerzas progresistas  de renombre nacional como Mario Cafiero, y Vilma Ripoll.

¿Pacto de supervivencia entre bruerismo y ultrakirchnerismo?

En el orden de las movidas pre-electorales que a medida que se aleja la fecha del martes trágico comenzaron a recobrar vida –sobre todo ante la inminencia del cierre de listas y posteriormente las primarias-, el justicialismo local muestra, desde hace una semana, un mapa reconfigurado en las relaciones de poder.

Las especulaciones sobre qué chances tiene el oficialismo municipal de imponer candidatos en la lista para la Cámara Baja estuvieron a la orden del día y mientras unos aseguran que la Casa Rosada le dará la espalda al bruerismo, otros alimentan la posibilidad de una “lista de aparente unidad” que integre las ambiciones de todos, pero  en la que la supremacía de los K se hará sentir “a la hora de la lapicera”.

En ese sentido trascendió que el kirchnerismo nucleado en Unidos y Organizados impondría como cabeza de lista en Diputados al actual concejal Martín Alaniz, quien ingresara al Concejo hace dos años por la lista encabezada por el actual secretario de Derechos Humanos de la gestión Scioli, Guido Carlotto.

De prosperar las negociaciones, el segundo en la nómina sería el diputado con mandato a vencerse Gabriel Bruera, hermano del jefe comunal. El cupo femenino sería para la ultrakirchnerista decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Florencia Saintout y al menos uno de los tres casilleros restantes estaría destinado para un nombre del riñón sciolista.

Esta especie es alimentada por estos días por un hecho concreto sucedido hace una semana en el Concejo local, cuando el bruerismo con “sorpresiva” colaboración de otrora acérrimos opositores, logró enviar a archivo vía votación nominal un proyecto que buscaba crear, en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), una comisión paralela a la ya existente con facultades de destituir Bruera.

En esa ocasión, precisamente los ediles del Bloque Nacional y Popular –Sebastián Tangorra y el propio Alaniz- se abstuvieron a la hora de votar: un gesto político que no pasó desapercibido y fue leído por algunos observadores como “una vista gorda” con trasfondos electorales.