La titular de la UFI Nº 2 de La Pata, la fiscal Betina Lacki, ya investiga penalmente a los 20 policías denunciados la semana pasada por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) y a 13 civiles, coordinadores de los hospitales de la región capital, acusados de protagonizar graves irregularidades en el cumplimiento de las horas Polad (Policía Adicional).

Los 20 policías ya habían sido desafectados de la fuerza y ahora los investigará la Justicia Penal. En tanto, como los auditores de Asuntos Internos detectaron que los civiles que debían controlar el cumplimiento del acuerdo realizado con los policías estarían involucrados en las maniobras, también fueron denunciados ante la UFI Nº 2 por los delitos de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Por su parte, trascendió que Asuntos Internos ya está investigando los patrimonios de los 20 policías imputados.

Como se recordará, la investigación se inició hace un año mediante cartas anónimas que fueron entregadas al ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo. A partir de dichas misivas, se develó que muchos efectivos no iban a realizar sus tareas como “Policía Adicional” (Polad) en nosocomios platenses y de otras localidades, otros tantos uniformados cobraban menos de lo que realmente trabajaban y algunos iban menos horas de las que debían. 

En este contexto, se investigó a los policías “fantasmas”, tal como los denominan los auditores. Estos agentes daban su nombre y apellido, cobraban las horas adicionales, pero no iban a los hospitales a cumplir con su labor. Además, se quedaban con el 30 por ciento del dinero y retornaban  el 70 por ciento al coordinador, que debía controlar que cumplieran su tarea. 

Las desvinculaciones son el resultado de más de treinta declaraciones testimoniales, varias auditorías sorpresivas y dos testigos con identidad reservada, que en la actualidad cuentan con protección personal ante la posibilidad de ser víctimas de represalias. 

Cabe destacar que el Estado provincial destinaba unos 10 millones de pesos mensuales para la custodia de los nosocomios y se estima que la mitad del servicio no se cumplía, a pesar de que se abonaba por su totalidad. Esto significa que la defraudación fue millonaria.