Un amplio operativo policial denominado “Zona Roja” permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes al menudeo en el casco urbano de la capital bonaerense con el saldo de diez detenidos y hasta una granada secuestrada, informaron fuentes policiales.

La investigación, llevada adelante por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, culminó con ocho allanamientos simultáneos en La Plata, Berisso y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La causa se inició de oficio el 8 de mayo de 2025, a partir de información que señalaba la venta de drogas en la vía pública en el sector comprendido por Diagonal 73 y las calles 64, 63, 4 y 3, una zona conocida como la “Zona Roja”.

Tras la judicialización del caso, los investigadores realizaron tareas de vigilancia, seguimientos encubiertos y procedimientos de “comprador previo”, además de entrevistas reservadas con vecinos y consumidores.

Según fuentes del caso, las maniobras detectadas eran compatibles con la venta minorista de cocaína y marihuana, llevada adelante por un grupo de personas que operaban de manera habitual en el lugar. La pesquisa también permitió identificar un domicilio utilizado presuntamente para el fraccionamiento y armado de envoltorios, listos para su comercialización.

Con los elementos reunidos, la fiscalía interviniente solicitó órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por la Justicia. Durante los procedimientos se logró el secuestro de más de 736 gramos de cocaína fraccionada en casi 500 envoltorios, marihuana, plantas de cannabis, balanzas digitales, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Además, se incautaron armas de fuego, municiones y una granada de mano, que fue inspeccionada y puesta a resguardo por personal especializado en explosivos.

Entre los detenidos se encuentran ciudadanos argentinos y extranjeros. Uno de ellos registraba un pedido de captura activo por robo agravado, mientras que otros tenían antecedentes penales. También se estableció que algunas de las personas investigadas contaban con tobilleras electrónicas, lo que evidenciaría presuntas violaciones a beneficios judiciales otorgados en causas previas.

La investigación permitió además identificar a un presunto proveedor de la droga, de nacionalidad boliviana, quien no fue hallado al momento del allanamiento, aunque en su vivienda se secuestraron estupefacientes y un arma de fuego.