Por Alfredo Antonuccio (*), especial para NOVA.

El gobierno nacional, fiel a sus principios, como se repitió multiplicidad de veces al principio con Néstor Kirchner y ahora con Cristina Fernández, no utilizó la represión como modus operandi contra los conflictos del orden social.

Esta vez lo volvió a demostrar en el desalojo del Club Albariño. La flamante ministra Nilda Garré trazó una estrategia para conservar estos tópicos predichos juntamente con el Poder Judicial representado, en este caso, por el juez federal Daniel Rafecas.

Tras 16 días de ocupación, el espacio en litigio del Club Albariño fue desalojado pacíficamente. Obviamente que se solucionó a través de las causales que dieron origen al conflicto. Esto es, la detención de lo responsables agitadores movidos por intereses, tanto políticos como inmobiliarios. Nueve en total. Pero restan otros cinco individualizados y prófugos. A partir de esta movida, los ocupantes se retiraron pacíficamente del lugar, tomando la Policía Federal el control del predio.

Cabe hacer notar que la posición del juez fue acatada inmediatamente por el gobierno nacional, dejando sin lugar a dudas en “off side” las pretensiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que preside el réprobo Mauricio Macri.

¿Qué más podemos agregar a esto? Los comentarios huelgan, a pesar del bombardeo de las corporaciones mediáticas que nos mostraban una guerra mundial en el marco de un conflicto barrial. La agitación y la creación del malestar en la opinión pública son sus mecanismos para desvirtuar al gobierno nacional, que repito dio una lección de cómo debe resolverse políticamente y con la Justicia de por medio este tipos de hechos.

De más está opinar sobre los orígenes concretos, movidos por las acciones destituyentes de los popes financieros y sus candidatos partidarios cómplices para forzar un espacio de participación política a futuro con el que ya no cuentan ni en sueños.

(*) Diputado bonaerense del FpV-PJ.