Por Roberto Adaro, especial para NOVA.

Entender la importancia de la riqueza natural de nuestra región, las relaciones y procesos que se dieron a partir de ellas, resulta indispensable para comprender la propia historia. Fueron estas riquezas las que alentaron la conquista de América Latina por parte de las potencias europeas, y las que cimentaron el naciente capitalismo en Europa, relegando al subdesarrollo y a la dependencia a las regiones de donde fueron extraídas. Desde entonces, los debates sobre la soberanía de nuestros territorios estuvieron íntimamente ligados a la soberanía sobre nuestros propios recursos.

En los albores de la independencia, Mariano Moreno dio constancia de ello al proponer en su Plan de Operaciones, reservar para el Estado la explotación de todas las minas de oro y plata existentes en el territorio, prohibiendo e imponiendo pena capital y confiscación de bienes a quienes quisieran hacerlo de manera privada, alentando la creación de ingenios mineros para las primeras transformaciones del producto de las minas.

Con claridad y precisión temprana Moreno colocaba al Estado en el centro de la escena, entendiendo que éste era (es) el principal regulador y ordenador de la vida política y económica de la nación en ciernes, y era (es) también, el principal garante del bien común. El triunfo del liberalismo como sistema de ideas dominante en la manera de entender el mundo y sus relaciones, de la mano del predominio imperial británico durante el s. XIX, genero instituciones consecuentes, especialmente en la periferia. El Código de Minería, sancionado en 1.887 por mandato de la Constitución Nacional de 1.853, es un buen ejemplo, ya que a partir de él se establece que las minas son propiedad de la nación o las provincias según el territorio donde se encontrasen, prohibiéndole al Estado explotarlas por si.

Como correlato, la aplicación irrestricta de la Teoría de las Ventajas Comparativas acuñada por David Ricardo, situaba a los nacientes países latinoamericanos y sus economías, como proveedoras de materias primas para la industrialización de los países centrales. Se configuraba aquello que algunos autores denominan el "nuevo pacto neocolonial". Así, los países de clima templado exportaban productos agropecuarios y ganaderos típicos; aquellos de clima tropical aportaban café, cacao, bananas, azúcar; y los países andinos junto a México, minerales y metales.

La consolidación del modelo agroexportador en la Argentina, sinónimo de riqueza y abundancia para pocos, tuvo su base material en la productividad de las tierras pampeanas y en el trabajo a destajo de los peones rurales; amparado por un Estado constituido en su función.

La irrupción del gobierno de Hipólito Yrigoyen, expresa la tensión y el conflicto social y político para con las clases dominantes, usufructuarias del citado modelo agroexportador; y marca una ruptura en la visión y concepción de los recursos naturales por parte de los sucesivos gobiernos de impronta nacional y popular. Esta visión se manifiesta por ejemplo, en la creación de YPF, y la impronta que le dio luego Enrique Mosconi, constituyendo un mojón, una marca importante que significa una antes y después en rol del Estado sobre los recursos naturales.

Las primeras décadas posteriores a la II Guerra Mundial, verían florecer las discusiones y debates sobre el desarrollo y la soberanía sobre los recursos naturales. La reconstrucción de Europa y Japón, la competencia con la entonces URSS y el bloque de países del este, y la (re)conquista del (nuevo) "nuevo mundo" a partir del proceso de descolonización en ciernes, brindaría el contexto para las décadas de mayor crecimiento de la economía capitalista en sus años de historia. Paralelamente, en América Latina, florecía el industrialismo sustitutivo, la tercera posición, y los debates en torno a la construcción de un camino propio al desarrollo.

La vigencia del modelo de industrialización sustitutiva generó condiciones propicias para el crecimiento de YPF, la creación de la Dirección de Fabricaciones Militares a partir de Manuel Savio en 1.941, y de SOMISA durante la presidencia de Juan Domingo Perón, así como también la creación de Gas del Estado, de Agua y Energía, y de la Comisión Nacional de Energía Atómica entre otros durante los dos primeros gobiernos de este último. No obstante, ninguna de estas obras hubiera sido posibles sin la concepción estratégica que detentan los recursos naturales, y el rol central asignado al Estado en la promoción de su uso y en su conservación y cuidado.

La clave para entender la concepción del primer peronismo sobre los recursos naturales, la brinda el propio texto de la Constitución Nacional de 1.949. En ella se establecía, la función social del capital, la propiedad y la actividad económica. En particular, el artículo 40 de la citada carta magna instituía que "La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social", (.)

"Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.".

La autoproclamada Revolución Libertadora, derogó la Constitución Nacional del ‘49, con especial énfasis en el mencionado artículo 40.

Crisis capitalista y hegemonía neoliberal. El surgimiento de lo "ambiental"

El proceso de reestructuración capitalista iniciado a fines de los años sesenta y principio de los setenta, desencadenó profundas transformaciones en las relaciones económicas internacionales y consecuentemente, también en las relaciones políticas, sociales y culturales. Estas transformaciones tuvieron su reflejo en la región, y dejaron una honda huella en América Latina y en Argentina especialmente.

Los años dorados de crecimiento económico de la segunda posguerra llegaban a su fin. Los países centrales debían hacer frente a un conjunto de amenazas tales como desequilibrios macroeconómicos, estanflación, desempleo y déficit externo, así como a dificultades para sostener el crecimiento de la productividad. El paradigma keynesiano/fordista, hegemónico por aquellos tiempos, se muestra incapaz de dar una respuesta satisfactoria a la crisis en ciernes.

El contexto de la guerra fría, la carrera armamentística y nuclear entre las potencias y sus bloques acólitos, generaba un marco estrecho para aquellos que pretendían una opción diferente. En la intensificación de su disputa, las potencias reducían el margen de maniobra de los países no alineados, dispuestos a disciplinar a los rebeldes.

Esta situación de crisis tuvo su correlato en la periferia, donde el modelo de sustitución de importaciones enfrentaba sus propios problemas. La industria naciente, enfocada principalmente hacia el mercado interno necesitaba de insumos importados para su funcionamiento. Las divisas necesarias para adquirirlos eran provistas en su gran mayoría por las exportaciones provenientes del sector primario, las cuales están sometidas a los efectos del deterioro de los Términos de Intercambio.

Esto provocaba recurrentes desajustes en la Balanza Comercial entre los fluctuantes ingresos de divisas de las exportaciones primarias, y las importaciones de insumos necesarios para la industria. Estos desajustes se enfrentaban con políticas conocidas como de stop and go; es decir, un "enfriamiento" de la economía para reducir el ritmo de las importaciones hasta obtener el equilibrio, a partir del cual se reanuda la expansión. Al llegar al punto de un nuevo estrangulamiento externo, se reanudaban las medidas restrictivas.

Ante la crisis se imponen ideas simplistas, pero de gran potencia comunicativa y efectividad política, que llevan implícitas profundos cambios de las estructuras económicas y por consiguiente de las estructuras políticas, sociales y culturales.

Esta "contrarrevolución monetarista" en términos de René Villarreal, hizo foco de sus críticas en el rol desempeñado por el Estado en la economía durante los años de la segunda posguerra -fundamentalmente en las políticas distribucionistas que le valieron el calificativo de Estado de Bienestar-, planteando que las causas de los desequilibrios económicos manifestados durante la crisis son esencialmente monetarias.

Así, propiciando una interpretación de nuevo simplista y en cierto sentido extrema del  laissez - faire laissez - passer, y en aras de controlar la inflación y lograr equilibrio en la Balanza de Pagos, proponen libertad de mercado y un nuevo rol para el Estado Nacional; desregulación, apertura económica y financiera; flexibilidad laboral y ambiental; y privatizaciones de las empresas públicas.

Este enfoque, reciclado y aggiornado del liberalismo imperante hasta la crisis de los años ‘30, es conocido como neoliberalismo. Este nuevo rol para el Estado, implicaba un cambio radical en su rol regulador de las relaciones capital-trabajo, violentado a favorecer al primero. La metáfora del Estado ausente, favorece por omisión al más poderoso de la relación. Un Estado cooptado violentamente, disciplinó a sangre y fuego a la sociedad, colocándose al servicio del capital concentrado especialmente trasnacional.

Asumiendo que los procesos históricos no son lineales ni unidireccionales, paralelamente a las reformas estructurales en el sistema capitalista y sus consecuencias para América Latina, comenzaba a desarrollarse una preocupación creciente, inicial, sobre el ambiente y los recursos naturales. Las cuestiones ambientales lograban un lugar en la agenda de discusión pública.

El crecimiento y la reconstrucción luego de la segunda posguerra, comenzaba a dejar evidencias de sus consecuencias sobre la Naturaleza. La crisis petrolera en ciernes, evidenciaba las debilidades de sustento del sistema, el cual ostentaba (y ostenta), un fuerte sostén a partir del abastecimiento de materias primas desde el sur. Científicos y políticos de los países centrales se reunían en el Club de Roma, hacia finales de los años ‘60. Este Club, encarga en 1972 un informe, luego titulado Los Límites de Crecimiento (Informe Meadows) al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el cual alertaba sobre los límites del crecimiento ilimitado, especialmente a partir del crecimiento exponencial de la población.

La visión estática de los países centrales, expresada en el Informe Meadows, dio lugar a una rápida respuesta desde el sur del sur. El Modelo Mundial Latinoamericano, producido por un grupo importante de científicos de la región a partir de la Fundación Bariloche, fue la respuesta a la tesis del Club de Roma que, con una visión malthusiana, pretendía frenar el desarrollo de esos países so pretexto del agotamiento de los recursos naturales.

El modelo alternativo desarrollado por la Fundación demostró que, al poner como objetivo central del desarrollo de los pueblos la eliminación del hambre y no el estilo consumista de los países centrales, los recursos naturales, incluidas las tierras, alcanzaban para sostener una población tres veces superior a la existente a comienzos de los años '70. Además demostraba que la mejor manera de controlar la tasa de natalidad era el desarrollo humano de los pueblos.

1972 se transformaría en un punto de inflexión en materia ambiental, ya que ese mismo año, las Naciones Unidas llamaban a una Conferencia Mundial sobre Ambiente Humano en Estocolmo, mojón inicial de los debates mundiales sobre el ambiente. Allí se propone buscar modelos alternativos de desarrollo, se creo el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), y se alienta la creación de áreas ambientales en los distintos Estados Nacionales. Esta conferencia constituyo el primer esfuerzo serio por parte de los Estados del mundo, en debatir y elaborar propuestas acerca de los problemas ambientales.

No obstante los antecedentes citados, resta aún mencionar el que fuera tal vez el hecho más significativo de aquel año de 1972 para la construcción de un abordaje propio de lo ambiental. En febrero, y varios meses antes de la conferencia de Naciones Unidas citada, desde Madrid, Juan Domingo Perón dirige su Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo. Aquel documento, vigente aún hoy en varios de sus pasajes, constituye sin dudas un hito fundante de la perspectiva propia, latinoamericana, en la mirada de los procesos y conflictos socioambientales.

Primeramente sitúa el lugar de la política y la ciencia, estrechamente ligadas, en el abordaje ambiental, "La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero sólo puede transformarse en la acción a través de los dirigentes políticos. Por eso abordo el tema como "dirigente político". Su concepción del hombre moderno, "Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza y no de su poder mental".

La obsolescencia productiva como meta tecnológica, "Se despilfarra mediante la producción de bienes necesarios o superfluos y, entre estos, a los deberían ser de consumo duradero, con toda intención se les asigna cierta vida porque la renovación produce utilidades. Se gastan millones en inversiones para cambiar el aspecto de los artículos, pero no para reemplazar los bienes dañinos para la salud humana, y hasta se apela a nuevos procedimientos tóxicos para satisfacer la vanidad humana".

El rol de los recursos naturales en el mundo global contemporáneo, "No menos grave resulta el hecho de que los sistemas sociales de despilfarro de los países tecnológicamente más avanzados funcionen mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el Tercer Mundo".

"De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a métodos de desarrollo, preconizados por esos mismos monopolios, que significan la negación de un uso racional de aquellos recursos". La necesidad del abordaje regional y el camino de la integración, "En defensa de sus intereses, los países deben propender a las integraciones regionales y a la acción solidaria".

"El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se trate de ciudadanos o pueblos". El eje en el modelo de desarrollo, "La modificación de las estructuras sociales y productivas en el mundo implica que el lucro y el despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de sociedad alguna, y que la justicia social debe exigirse en la base de todo sistema, no solo para el beneficio directo de los hombres sino para aumentar la producción de alimentos y bienes necesarios; consecuentemente, las prioridades de producción de bienes y servicios deben ser alteradas en mayor o menor grado según el país de que se trate. En otras palabras: necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo que den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionar el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental".

Argentina fue pionera en la región al crear en 1.973, la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano, antecesora de la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En el documento final de la Primera reunión Nacional de Ambiente Humano, en 1.974, la Lic. Yolanda Ortíz, primer Secretaria del área afirmaba que "una civilización basada en el lucro y el despilfarro impulsa entre los hombres relaciones de dominio y sometimiento, y entre éstos y la naturaleza, relaciones de dominación".

La introducción del texto argumentaba que "el desarrollo no puede ser planteado como mero crecimiento económico. Si no va a acompañado de cambios estructurales que permitan una mayor justicia social, es crecimiento y no desarrollo auténtico".

A mediados de la década de los ‘80, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, encarga a un grupo de experto encabezados por Gro Harlem Brundtland, Primera Ministro de Noruega, la elaboración de un informe (Nuestro Futuro Común - Informe Brundtland), en que se formaliza por primera vez la definición de desarrollo sostenible, como aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer las propias.

Se emparenta con el informe del Club de Roma al reconocer los límites de los propios ecosistemas, pero los relativiza, al mencionar su relación con el grado de avance de la técnica y la organización social.

La conservación de la naturaleza parece hermanarse con el desarrollo económico, al ser concebido como indispensable para éste último por el informe, y asemejando al propio desarrollo con el crecimiento económico.

Disminuir la pobreza y la desigualdad se convierten en medio para la sustentabilidad y no en fines, dentro siempre de un sistema de mercado. La escasa atención a la desigualdad entre personas, pero también entre países y sus posibilidades consecuentes es una de las críticas a la definición.

A inicios de los noventa, tuvo lugar otro hito destacado en la historia ambiental, enlazando lo global y lo regional: La Cumbre de la Tierra en 1.992 en Río de Janeiro. El camino a la cumbre se desarrollo a partir de un intenso proceso de por parte de los gobiernos y de las organizaciones sociales, las cuales tuvieron a partir de esta reunión, una participación destacada en la escena ambiental, tanto internacional, como regional y local. Se aprobaron cinco documentos principales, la "Declaración de Río sobre medio ambiente", la "Agenda XXI", la "Convención marco sobre cambio climático", la "Convención sobre diversidad biológica", y la "Declaración de principios sobre el manejo, conservación y desarrollo sustentable de todo tipo de bosques".

No obstante la relevancia que tuvo la cumbre, la cantidad de gobiernos y mandatarios que participaron, las organizaciones sociales y personas de a pié, los debates y documentos aprobados, el balance arrojó varios sin sabores. Gobiernos de los países centrales dejaron sin contenido y sin fondos las medidas a aprobar, se reforzaron instituciones como el Banco Mundial en la administración de los fondos, así como tampoco se abordaron cuestiones relativas a las deudas de los países periféricos, la deuda ecológica de los países centrales respecto de éstos últimos y el rol de las empresas trasnacionales. Amén de estas consideraciones, la trascendencia de la cumbre, instaló el tema ambiental en un lugar central de la agenda pública de allí en más.

Los años recientes

Acorde al signo de los tiempos imperante durante los años noventa, con la consagración hegemónica del neoliberalismo como la manera de producir y entender el mundo, pero alertados por la emergencia de lo ambiental manifiesto especialmente luego de Río ‘92, surge como respuesta adaptativa del poder trasnacional la idea de "naturaleza como capital".

De esta manera se "neoliberaliza" la relación sociedad-naturaleza, cosificando a ésta última, despojándola de cualquier otro valor que no sea el monetario -en tanto y en cuanto este le fuera asignado por el mercado- de acuerdo a su utilidad en la producción de bienes y servicios transables, siendo justamente el llamado mercado el regulador en última instancia de esa relación aludida.

De esta manera, el "maquillaje verde" viste no sólo las buenas causas e intenciones, sino que también trasviste el ropaje de empresas multinacionales e intereses de los países centrales, transformándolo de momento en una moda.

La matriz cultural y política del neoliberalismo, utilitarista, fragmentaria, jerárquica y universalizante, como opuesta a la diversidad; concibió a la ambiental como una disciplina más, como un estante a ser llenado, como una externalidad en términos económicos.

Así surgieron diferentes disciplinas académicas que intentaron adaptar la "dimensión ambiental" a su objeto de estudio, desde la economía ambiental, hasta las distintas variantes de las llamadas ciencias exactas y naturales. Sin embargo, y a pesar de las intenciones nobles en muchos casos y de instrumentos útiles construidos por ellas, ninguna ha podido comprender en su totalidad la complejidad del ambiente, dejando fuera, la fundamental dimensión política, social y cultural que conlleva.

Al calor de la resistencia al neoliberalismo, cobijados por los movimientos sociales que luchan desde el sur del Río Bravo hasta la Tierra del Fuego, inspirados en la premonición de José Martí acerca de que "trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra", y de la centralidad que adquiere la batalla por el pensamiento, va surgiendo una nueva corriente en América Latina, que retoma la mejor herencia de aquellos que se animaron a ver con ojos propios de latinoamericanos y a pensar el mundo desde el Sur.

Retomando algunos planteos de los teóricos dependentistas sobre la necesidad de hablar con voz propia, rescatando los aportes latinoamericanos al debate ambiental, tales como las ideas que inspiraron al Modelo Mundial Latinoamericano de la Fundación Bariloche, los trabajos iniciales de distintos grupos y núcleos académicos de la región sobre la temática; así como también releyendo la historia propia con ojos propios, desde las luchas por la independencia y los procesos populares y nacionales, hasta la diversidad y riqueza de los Pueblos Originarios de esta América, va tomando forma el denominado Pensamiento Ambiental Latinoamericano.

Esta corriente de pensamiento vuelve a poner en el centro de la escena ambiental a la justicia social y la eliminación de la pobreza como condición sine qua non de la sustentabilidad. La desigualdad en la distribución de la riqueza, del conocimiento y del poder -relaciones sociales de explotación de unos sobre otros- conforman la raíz de las problemáticas ambientales. Se concibe la crisis ambiental como una crisis de civilización, producida por un modelo económico tecnológico y cultural, una crisis moral de instituciones políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones sociales injustas y de una racionalidad instrumental puesta al servicio del mercado, y consecuentemente de unos pocos.

Las apelaciones a la ética y a la matriz cultural de la crisis, como un problema que halla su fuente en una manera de pensar, de producir y relacionarse con el mundo, contextualizadas histórica y territorialmente; reclaman un nuevo saber ambiental, construido desde el propio lugar, de la propia experiencia a partir del diálogo de saberes, sostenido con los "Otros" -el negro, el pobre, el indígena, la mujer, los trabajadores, el Sur- y sus culturas, negadas en el actual esquema.

Este saber ambiental propone a su vez pensar lo global desde lo local, resaltando la singularidad de los territorios y sus culturas, trascendiendo la remanida frase de "pensar globalmente, actuar localmente". Reclama un nuevo pacto social sobre nuevas relaciones sociales de producción, distribución, consumo y desecho, basado en la diversidad natural y cultural, sustentado en una racionalidad alternativa cuyo centro sea la desigualdad, la pobreza, reduciendo la brecha entre crecimiento y distribución, participación y marginación, entre lo deseable y lo posible.

En materia institucional, si bien podemos afirmar que "Las normas legales materializan la correlación de fuerzas existente al interior de la sociedad en un determinado momento histórico, legitimadas a su vez por un sistema de ideas que las sustentan. En la medida en que esa correlación de fuerzas cambia en función de las transformaciones sociales, políticas, económicas, o técnicas, las normas también lo hacen. De esta manera, el neoliberalismo como etapa de la evolución capitalista genera sus propias normas, en relación a su capacidad para transformar esa correlación de fuerzas e imponer su ideología" (ADARO, 2006), la historia nunca es lineal.

La reforma de la Constitución Nacional de 1.994 consagró en su artículo 41 el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y el deber de preservarlo; estableciendo la potestad de la Nación de dictar normas de presupuestos mínimos y a la potestad de las provincias de complementarlas.

Esta última disposición constitucional, se complementa con  los artículos 121 y 124 que establecen que las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación, y que corresponde a éstas, el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

De esta manera, nuestra actual Constitución Nacional, no concibe un antagonismo irreductible entre la defensa del ambiente y la producción, no obstante los nuevos derechos incorporados -el derecho a un ambiente sano entre ellos- el texto constitucional expresa una serie de relaciones institucionales y un modelo de Estado acorde al momento y a la época en la que fue reformada. Los recursos naturales pierden su carácter estratégico.

No es intención de este documento entrar en debates profundos acerca del federalismo y la manera en la cual éste efectivamente se practica en nuestro país a partir de la vigencia de la Constitución reformada, sin embargo, a partir de reconocer que el ambiente y los ecosistemas no siempre se ajustan a los límites políticos de la geografía interior, se observa en la práctica una cierta fragmentación antes que un federalismo de concertación.

Amén de algunas leyes puntuales (Ley 24.051/1.992 de Residuos Peligrosos por ejemplo), y de diversos tratados internacionales suscriptos por la Argentina en materia ambiental, los avances más significativos en cuanto a la legislación específica se dan entrada la primera década del nuevo siglo. Se destaca primeramente la Ley General del Ambiente (25.675/2.002), la cual establece los objetivos, los principios de la política ambiental nacional y asimismo, determina los instrumentos de la política y la gestión ambiental. Esta ley brinda el marco para el sistema regulatorio ambiental y consolida lo expresado en el Art. 41 de la Constitución Nacional. En orden cronológico, podemos enunciar las principales leyes relacionadas con el ambiente sancionadas durante este período:

. Ley Nº 25.612/2.002 de Gestión Integral de Residuos Industriales.

. Ley Nº 25.670/2.002 de presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de Bifenilos Policlorados - PCBs-.

. Ley Nº 25.688/2.003 sobre Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.

. Ley Nº 25.831/2.004 de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.

. Ley Nº 25.916/2.004 de gestión de residuos domiciliarios.

. Ley Nº 26.168/2.006 de creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (BO 5.12.2006).

. Ley Nº 26.331/2.007 Bosques Nativos.

. Ley Nº 26.562/2.009 Control de las Actividades de Quema en todo el Territorio Nacional.

. Ley Nº 26.639/2.010 Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Este bosquejo del panorama institucional en materia ambiental se completa con los acuerdos regionales en el marco del Foro de Ministros de Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, del Mercosur, a través del Subgrupo de Trabajo Nº 6, las declaraciones y acuerdos de la Unasur, y del Banco del Sur.

Desafíos de "sintonía fina"

Suele afirmarse que la dimensión ambiental ha sido la menos abordada a partir del proceso de recuperación económica, política, social y cultural iniciado en 2.003 con la presidencia de Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner, y que en este sentido, constituye uno de los pendientes de la actual gestión.

Aún sin desconocer los avances registrados en el acceso y disfrute de derechos tales como la provisión de agua y saneamiento por caso -condición y derecho ambiental básico-, donde se construyeron 8.000 km de nuevas redes de agua y cloacas, beneficiando a más de 5.000.000 de argentinos, con un porcentaje de cobertura de agua potable estimado en 86% de nuestra población, y de cobertura de cloacas estimado en un 63%, sumado a distintos sistemas de tecnología simple, posibilitan la provisión de agua para población rural dispersa en zonas áridas; la creciente conflictividad social relacionada con cuestiones ambientales, señala aspectos no resueltos aún.

El sujeto social que se moviliza por temas ambientales es heterogéneo, dispar, y varía  incluso en su composición de acuerdo al tema específico que lo congregue (los agroquímicos utilizados en la producción agropecuaria, o la minería a gran escala), y a la región del país que se vea involucrada.

Suelen confluir en él diversos grupos, que van desde vecinos, movimientos sociales y organizaciones de la zona que se reclama afectada, instituciones académicas, partidos políticos y medios de comunicación. A pesar de las diferencias entre sí, y de que algunos de estos colectivos pretenda algún interés político electoral más allá de la causa convocante, ello no invalida en la mayoría de los casos la legitimidad de los reclamos de fondo, así como tampoco la de los afectados o presuntos. El conflicto social es un emergente de situaciones de tensión y expresa descontento.

Es una señal que debe leerse también en términos políticos. Conviene estar atento a él para atender justamente aquellos reclamos verdaderamente legítimos, en procura de mejorar la calidad de vida de todos, objetivo compartido y difundido, cuidando de "no tirar el agua sucia junto con el bebé", como bien reza la sabiduría popular.

Todos los procesos populares a lo largo de la historia han estado atravesados por contradicciones de diversa índole, y el hincado por nuestro país en 2.003, en buena hora, no es la excepción. No debe amedrentarnos el conflicto ni angustiarnos la contradicción. No todas éstas se transforman en antagonismos irreductibles que exigen definiciones taxativas, en "blanco o negro". La sintonía fina de la cual habla la Presidenta, pretende una actitud distinta.

Cuando el antagonismo aparece y la coyuntura se tensa (tal como en el 2.008 durante el conflicto con las patronales agropecuarias), reclama una definición en algún sentido de la dualidad (coloquialmente, el gobierno o el llamado "campo", siguiendo con el ejemplo citado), no obstante esto suele darse excepcionalmente.

El período inaugurado a partir del 10 de diciembre del 2.011, con la mayoritaria victoria de la Presidenta C. Fernández de Kirchner, abre una nueva etapa. El kirchnerismo se constituye como mayoría, y sectores otrora antagónicos pretenden disputar o defender sus intereses desde "dentro", o al menos desde las cercanías, ya que el espacio opositor del "afuera", ha quedado virtual y momentáneamente desarticulado. Esto genera un escenario gris, lejano de la dualidad del 2.008, que reclama sutileza en la acción, sin menguar en la convicción y el rumbo, abriendo nuevos marcos de alianzas y de disputas.

Como lección aprendida, debemos empoderar a las comunidades y sus organizaciones, politizando el debate (sin partidizarlo ni convertirlo binariamente en un "bocariver"), ganando la calle y disputando en el territorio. Debemos insistir en el abordaje fundamentalmente político del debate ambiental, entendiendo que éste se manifiesta a partir de forma en la cual una sociedad concibe su relación con la naturaleza que la sustenta, y lamanera en la cual aquella produce, consume, distribuye y desecha los bienes y servicios que pretende. Todo este entramado esta mediado y decidido por la política.

Sería iluso pretender que cualquier proceso político y social democrático pudiera cambiar de la noche a la mañana, realidades tan profundas como aquellas vinculadas con el ambiente y nuestros recursos; arraigadas en nuestro acervo cultural y en algunos casos amañadas de una institucionalidad reflejo de otros tiempos. Como bien enseña nuestra historia reciente, los procesos de cambio y transformación necesitan como condición modificar la correlación de fuerzas que sostiene el esquema a cambiar. Acumular políticamente en el sentido del cambio a impulsar.

Esto genera resistencia de los poderes fácticos beneficiados de la situación actual, pero también de un conjunto más amplio y heterogéneo de nuestra población, el cual a veces no se moviliza por un interés material directo, pero se ve influenciado por otro que si. Nuevamente la alusión al conflicto con parte del sector agropecuario vuelve a ser la referencia.

En este punto, vuelve a adquirir preponderancia, el que sea tal vez el aspecto más destacado del proceso de cambo iniciado en 2.003: la centralidad que ocupa el Estado. Así como en el resto de la vida social, política y económica, el Estado es el principal ordenador, regulador, controlador y promotor. En materia ambiental debe recuperar cada uno de esos roles, como garante principal del bien común. Recuperar una memoria histórica que rescate lo mejor de los procesos nacionales y populares, tal como han sido aquí reseñados, desde el yrigoyenismo, al peronismo y al propio kirchnerismo.

La configuración del nuevo modelo en debate, genera sin duda nuevos tipos de relaciones sociales (de producción, distribución, consumo y desechos, pero también políticas, sociales, culturales y demás) y de relaciones sociedad - naturaleza. Sin duda debemos encontrar nuevas respuestas a los interrogantes acerca de qué producimos, quiénes lo hacen, dónde, cuándo y de qué modo.

En este nuevo escenario cobra nueva relevancia los conceptos de necesidad y de uso. Los Pueblos del Sur ¿qué necesitamos producir y consumir para satisfacer nuestras necesidades? ¿Es el llamado mercado mundial quien debe orientar nuestra producción y consumo, amparado en las falencias históricas que ha presentado el sector externo en nuestros países? ¿O son las urgencias también históricas de nuestros pueblos y comunidades? Preguntas difíciles de contestar, al menos sin caer en respuestas impracticables en las realidades imperantes en la región.

La anunciada sintonía fina, tiene su reverso en el trazo grueso de las transformaciones pendientes que permitan desandar la trama neoliberal y tejer definitivamente una nueva sociedad, un nuevo país y una nueva región. En este sentido, el Estado no sólo es el principal garante del bien común, sino el único actor con capacidad para po