Un fuerte operativo con más de 500 uniformados culminó con cuatro detenidos y una dura contienda entre vendedores y la policía en el marco del desalojo acontecido en el Parque Provincial Pereyra Iraola durante el último fin de semana.

Los allanamientos en el predio de Berazategui se originaron producto de una causa iniciada hace dos años, en la que un feriante identificado como Raúl Pizarro acusó a la coordinadora de uno de los cuatro sectores en los que se dividen los puesteros de cobrar un canon para tener un stand.

En el Parque Pereyra se reúnen cada fin de semana más de 2 mil emprendedores para vender objetos nuevos o usados y así pueden sostener la economía de sus grupos familiares, que de por cierto, son muy humildes.

La feria comenzó en la crisis de 2001. Eran pocos puesteros que, junto a otros emprendedores, ganaban unos pesos que servían de sustento familiar.  Con el tiempo se fueron sumando más stands y la magnitud de la misma se acrecentó de manera exponencial, por lo que el flujo de dinero aumentó.

Vale aclarar que no son los únicos que realizaban tareas lucrativas en el Parque: desde hace décadas hay quinteros que cultivan diferentes productos y que han sido reconocidos como propietarios por la Justicia, tras un conflicto que tomó trascendencia durante los años 90 y que fue muy comentado en la región.

En la medida en que esa feria popular iba creciendo, se conformaron tres grupos aparte del conjunto de vendedores inicial.  Uno se autodenomina como “los independientes”, que son puesteros que “hacen la suya”, sin coordinación con nadie ni utilizando organización interna de ninguna naturaleza.

También está el grupo que se incorporó a la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y una cuarta facción que se aglutinó en una Asociación Civil llamada “El Molino Irlandés”. Ese conjunto es el que detonó el conflicto que terminó, por el momento, con el mercado en el que confluían vecinos humildes de toda la zona sur del Gran Buenos Aires.

Marcela, una de las tres mujeres detenidas

Luego del allanamiento del sábado, el escenario mediático apuntó contra “una extorsionadora” llamada Marcela, que, de acuerdo a lo que difundió oficiosamente la Justicia, sería quien habría extorsionado a otros feriantes.

Según los medios, Marcela estaba a la altura del manejo “de una feria igual a La Salada”, una mujer parasitaria que le saca dinero a gente trabajadora. Discurso ideal para esta época de “lucha contra las mafias” que pregona constantemente la gestión de Cambiemos.

Marcela, detenida y acusada de “asociación ilícita y extorsión”, habría reclamado a esos puesteros que cumplieran con el canon que pagaban los feriantes de esa entidad, que oscilaba, hasta hace una semana, entre 200 y 300 pesos, según el lugar en el que estuviera colocado el gacebo en el que ofrecían sus productos. Esas carpas, los baños químicos y otros servicios eras sostenidos con el aporte de los integrantes de la ONG “El Molino Irlandés”.

De acuerdo al relato de feriantes a NOVA, ese dinero servía para que los aportantes tuvieran, desde el principio hasta el final de cada jornada, sus propias carpas, mesas, y sillas, con el fin de facilitar el trabajo de cada vendedor. En teoría, según afirmaron integrantes de la entidad, lo recaudado se utilizaba en su totalidad para esos fines.

Como uno de los feriantes que discutió violentamente con la mujer hizo una denuncia en una fiscalía, la Justicia, que suele criticarse por “lenta”, esta vez tomó la fuerza de un Boeing 747.

El denunciante  de apellido Pizarro incluso habría golpeado a las mujeres de la ONG pero esa denuncia fue cajoneada por la Justicia. Paradójicamente, los involucrados en el caso destacaron la sorprendente celeridad con la se avanzó en la investigación.

Especulaciones por el desalojo y la puesta en escena del Gobierno

Tras el feroz desalojo que sin duda no fue una respuesta a demandas vecinales o ambientalistas, surgió el fantasma de la privaticación. Rumores indican una posible explotación de una empresa que está interesada en ese sector del Parque, que es el más accesible desde las vías por las que transitan los autos, es decir, está en el lugar más visible y mejor preparado. El bosque profundo, por el contrario, haría imposible cualquier tarea que no fuera la de juntar mosquitos.

Pero esa posibilidad no compatibilizaría con un acuerdo de financiamiento que estaría pronto a renovarse y que otorga al Estado provincial la UNESCO para preservación del medio ambiente. Según la versión, en ese programa del organismo se prohíbe la explotación comercial de las zonas a preservar gracias al aporte del préstamo.

Si bien no es oficial, el plan para allanarle el camino a alguna empresa con fin de explotar comercialmente el sector por parte del gobierno de María Eugenia Vidal estaría en marcha.

Y más aún luego de la puesta en escena donde el fiscal le decía a los periodistas de el diario El Día qué filmar  y qué decir durante el allanamiento en la propiedad de Marcela, violando la ley. Incluso hasta el propio ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, mostró unos recibos como pruebas de “la extorsión a los feriantes” acusándola de liderar una banda mafiosa.

Con esa megapuesta en escena mediática y la estigmatización, hoy 2 mil familias perdieron su fuente laboral. Ya con un predio raso y sin feriantes, la desidia sigue presente. Al recorrer el interior del Parque se observa el abandono de los ejemplares más añosos, los restos de basura, los caminos – o mejor dicho, las huellas – intransitables y el Estado ausente desde hace años.