Tiempo atrás, decenas de familias de las localidades de Abasto y Melchor Romero se movilizaron hacia la Municipalidad de La Plata y al Ministerio de Infraestructura para exigir urbanización y la llegada de los servicios a sus hogares. En esa ocasión, el intendente Julio Garro prometió hacerse cargo del pedido y les anunció la ejecución de una obra hidráulica de 12 millones de pesos para que estos terrenos no se inunden más.

Según el Secretario de Coordinación de la Municipalidad, Oscar Negrelli, las mencionadas obras finalizaron y para ello se apoyó en la rendición de cuentas del Municipio. Sin embargo, los vecinos de “El Acampe” (barrio que para la Comuna es “Nuevo Abasto”), aseguraron que es todo una farsa: “Durante algunas semanas, vinieron 3 o 4 trabajadores e hicieron trabajos mínimos de entubamiento, pero al poco tiempo se fueron porque no les pagaban, según lo que dijeron”.

Lejos del sinceramiento económico del que habla Cambiemos, una vez más, surgen irregularidades y se le corre el velo a la transparencia prometida durante la campaña. Los manifestantes autoconvocados en asambleas viven en predios que fueron expropiados y exigen respuestas inmediatas antes de la llegada del invierno. 

Ramiro Berdesegar, referente del reclamo (es coordinador de la Corriente Clasista y Combativa pero aseguró que el pedido no tiene banderas políticas), sostuvo en diálogo con NOVA: “No queremos vivir en un asentamiento, no queremos vivir colgados de la luz y  del agua, pero si el Estado no se hace presente para avanzar en la urbanización y después nos lo cobre a los vecinos, se hace imposible”.

Una Ley que Cambiemos desoye

En mayo del 2015, en el predio de Abasto fueron desalojadas las familias por la Policía Bonaerense, durante la gestión de Daniel Scioli. Ante la persistencia de los vecinos, se aprobó una ley de apropiación en la Cámara de Diputados y en la del Senado: “La ley planteaba que el Estado debía hacerse cargo de la tierra, los servicios y la infraestructura, debiendo los vecinos de 10 a 25 años pagar la tierra”.

Las familias esperaron a la vera del predio mientras se marcaba la tierra, hasta el  diciembre de ese año: “En ese momento entramos y estamos hasta hoy viviendo en condiciones infrahumanas sin los servicios mínimos como agua, luz y apertura de calles”, expresó Berdesegar; y en ese sentido, concluyó: “Este Gobierno se jacta de ser defensor de las leyes, que cumpla una ley promulgada”.