Fue uno de los reclamos más resonantes en la campaña presidencial del 2015 y tema-usina de propuestas electorales, que, ya en el 2016, continúa siendo preocupación de la ciudadanía sin soluciones a la vista: la creciente inseguridad.

Esta semana, en la capital bonaerense, buena parte de la agenda política se ocupó de problematizar sobre esta candente cuestión. Mientras en el casco urbano de la ciudad y la periferia los vecinos y comerciantes siguen siendo víctimas de este flagelo, en el Palacio Municipal  la cuestión se coló en la rutina parlamentaria.

En una nueva sesión que redundó en verborragia y debates cruzados, el bruerismo re posicionó la problemática en la agenda, hablando precisamente del funcionamiento de la policía local.

El edil Gabriel Bruera elevó un proyecto para el cumplimiento del convenio suscripto con la cartera que conduce a nivel provincial Cristian Ritondo, que asigna a los efectivos de la policía comunal para tareas de calle. El legislador cuestionó que los agentes se dediquen a “cuidados patrimoniales” y privilegien a sectores específicos.

“¿Donde están hoy los policías comunales que dejaron de caminar?  Lamentablemente en dos lugares: en comercios particulares y en edificios públicos, cubriendo los adicionales, por lo cual no sabemos a dónde va la plata de los adicionales”, se quejó. Desde el bloque oficialista recogieron el guante y desestimaron la postura durante el plenario.

En diálogo con este medio, el presidente del bloque Cambiemos, Juan José Cardozo (UCR), relativizó los dichos del concejal del FPV-PJ: “No es cierto que los policías caminantes se hayan borrado de la calle, no se puede generalizar; nosotros también tenemos relevamientos que contradicen esa afirmación”.

El edil reconoció la existencia del flagelo: “Tenemos una ventaja con respecto a cuando el  peronismo fue gobierno: decimos que existe la inseguridad y que es un problema importante” y mencionó algunas medidas instrumentadas desde la Provincia, como la asignación de una partida inicial de 28 millones de pesos  -sobre un total de 1300- y de diez patrulleros para la capital bonaerense. “No soluciona el problema pero es un paso importante”, reforzó.

Más tarde, la queja del bruerismo tuvo receptividad en Gobernación. El hermano del ex intendente destacó los alcances de una resolución del ministro que prohíbe que los agentes de la policía de proximidad cuiden edificios públicos y comercios particulares, para priorizar las caminatas barriales y el contacto con los vecinos.

Desde el bloque progresista, Gastón Crespo, sotuvo que hay "una desconfianza muy fuerte hacia las fuerzas de seguridad" por parte de los vecinos de distintos barrios. "Esto pasa con la policía local y con las fuerzas bonaerenses. Los vecnos ven que donde se vende droga, la policía ve a los traficantes y no hace nada. Es necesaria una auditoría interna y una externa; ese es el camino". agregó.

Crespo añadió finalmente al ser consultado por este portal que "falta entrenamiento, inversión en tecnología y capacitación. Porque el crimen y el delito está planificado. Además hay que hacer hincapié muy fuerte en la lucha contra la corrupción", complementó.

La Policía comunal fue impulsada por el sciolismo en su último tramo de gestión e instrumentada –con distintos grados de adhesión y rechazo- en muchos municipios de la Provincia. En la capital bonaerense el sistema comenzó a implementarse con poco más de 700 agentes, y en la actualidad orilla los 1100 –se esperan incorporar unos 500 a mediano plazo-. A mediados de abril, el intendente Julio Garro ya había señalado un déficit: del total de efectivos asignados, “el 35 por ciento está de licencia” se quejó.

La preocupación latente por la inseguridad también tuvo eco en distintas barriadas de la ciudad. Al punto de que comenzó a coordinarse la conformación de una Asamblea que reunirá a vecinos de distintas localidades, instituciones y centros comerciales con el fin de aunar esfuerzos.

“Queremos coordinar acciones y propuestas en conjunto para combatir la inseguridad. Los vecinos podemos aportar mucho porque somos los que día a día sufrimos este flagelo.”, señaló en ese sentido el referente barrial y radical massista de Tolosa, Pablo “Colo” Pérez, quien además trazó un panorama en los distintos barrios donde las quejas de sus habitante se hacen oír día a día.

Ni el periodismo se salva.

En este contexto, un hecho significativo y que afortunadamente no terminó en tragedia sucedió promediando la semana: el periodista de extensa trayectoria del diario El Día y editor del  portal digital Diario Full Hipólito “Pico” Sanzone fue víctima de un hecho delictivo.

Como informó este medio, el comunicador se despertó en la habitación de su departamento con la desagradable amenaza de malvivientes, que, golpes y agresiones mediante, lograron alzarse con dinero y elementos de valor como una computadora personal y televisores.

El desenlace no tuvo un saldo humano negativo pero volvió a encender la luz de alerta, al igual que pasó, hace dos meses, con la sucesión de robos en la ciudad a dirigentes políticos, que incluyó al propio intendente Garro, en su domicilio ubicado en el barrio privado Grand Bell.

Por otro lado, otro dato sugestivo fue recogido por NOVA durante la semana: se supo que desde altas esferas de la cuestionada policía de la provincia de Buenos Aires se “sondeó” la posibilidad de involucrar al director de este portal de noticias en algún “ilícito plantado”.

El dato fue aportado por una fuente irrefutable –que pidió expresa reserva de identidad-, que tiene llegada a información de inteligencia certera, proveniente del seno de la fuerza de seguridad bonaerense, todavía en el ojo de la tormenta por hechos de corrupción. El último y más resonante fue el hallazgo de sobres con dinero, destinado a presuntas “coimas”, en la DDI de calle 12 entre 60 y 61; un botón de muestra. 

Un polémico protocolo

El último jueves, la comisión de seguridad presidida por el edil Javier García (FR-UNA) se reunió para avanzar en las diferencias sustanciales entre oficialistas y opositores en torno al Protocolo de Seguridad que intenta regular las protestas sociales, que puso en discusión la conveniencia o no de incluir algún tipo de procedimiento que incluya a personal policial y restricciones en las manifestaciones realizadas en espacios públicos.

La mayor parte de las posturas contrarias al texto original de la norma son por parte del núcleo duro del kirchnerismo, personalizado a escala legislativa en los concejales Florencia Saintout, Gastón Castagneto y Guillermo Cara y a nivel social las organizaciones de derechos humanos. Pero también hay resistencias en el massismo  (Oscar Vaudagna, José Arteaga, Luciano Sanguinetti, Miguel Forte y el propio García) y en el espacio liderado Crespo.

La falta de votos propios para aprobar la normativa sin necesidad de colaboración opositora obligó al bloque Cambiemos a comenzar a consensuar los términos en los que saldrá la ordenanza, que sería abordada en dos o tres semanas en el recinto. El titular del Concejo, Fernando Ponce, se pronunció sobre la problemática en esos términos.