Por Pablo Bolino (*), especial para NOVA.

Luego de la crisis de 2009, el sector financiero provocó una recesión pronunciada en la economía mundial que aún hoy continúa mostrando sus secuelas.

En ese momento, desde distintos sectores propusieron implementar el modus operandi de Robin Hood, quitándoles una parte de las ganancias a los grandes jugadores del mercado financiero internacional para que los gobiernos lo devuelvan en forma de bienes y servicios públicos. Se propuso implementar un impuesto, que oscilaba en el 0,3% de las transacciones financieras.

A mediados de la década de los 70, el economista norteamericano James Tobin, premio Nobel de Economía, propuso como remedio a los efectos nocivos que produce la entrada y salida de los flujos de capital especulativos de corto plazo en las economías la creación de un impuesto a las transacciones financieras internacionales, conocido como tasa Tobin.

Cada país debería crear esta imposición a una tasa baja, entre el 0.1 y el 0.5% por cada transacción financiera internacional. Su utilización debería traer como consecuencia la desmotivación de los inversionistas de capital, que para la obtención de ganancias requieran de una gran cantidad de operaciones diarias, semanales y/o mensuales.

El impuesto no afectaría el flujo de capitales para la inversión productiva, ya que la entrada de este tipo de capitales es de mediano y largo plazo. Este instrumento permitirá frenar el ingreso irrestricto de capitales golondrina, los cuales pueden desestabilizar una economía ante la mínima expectativa de riesgo. Por otro lado, la aplicación de este gravamen permitirá un incremento significativo de los recursos gubernamentales para poder ser aplicados en el área de salud, educación, asistencia social y algún otro fin que se considere.

En algunos países de Latinoamérica han implementado el concepto de James Tobin, pero en la práctica ha sido algo diferente a la idea original. Básicamente, se crearon impuestos a las transacciones financieras internas. Países como Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia instituyeron este impuesto de manera muy similar, pero con resultados diversos.

En Argentina fue creado mediante el conocido  “Impuesto al cheque” en abril de 2001, por idea del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, con una tasa del 1.2%, repartido en 0.6% al débito y 0.6% al crédito, vigente hasta la fecha.

Si analizamos el efecto del impuesto desde las perspectivas de las decisiones económicas de los individuos, debemos considerar la idea de equidad tributaria, en el cual es preciso diferenciar dos conceptos de este principio. El primero, se refiere a la equidad horizontal, según la cual los individuos con iguales ingresos deben aportar lo mismo. El segundo concepto tiene que ver con la capacidad de los individuos para contribuir y el carácter redistributivo del ingreso, donde individuos con mayores ingresos deberán aportar proporcionalmente en mayor cantidad lo que se denomina equidad vertical.

Para que se cumpla el criterio de equidad horizontal, se necesitaría que la tarifa que enfrente el individuo fuera constante para un nivel de ingreso dado. Cuando el ingreso difiere entre individuos, se viola este principio. Para ejemplificar este concepto, comparemos el caso de un jubilado y una multinacional donde ambos cuentan con bonos públicos en su patrimonio. Sería totalmente regresivo, gravar al jubilado y a la multinacional con la misma tasa por tener el instrumento financiero.

La mayor virtud de este impuesto consiste en la facilidad con que nutre las finanzas públicas de recursos. La simplicidad del tributo hace que sea muy fácil su manejo por parte del organismo que ejerza la fiscalización del impuesto.

La primera consecuencia de la adopción del  impuesto a las transacciones financieras es la preferencia por el efectivo, incentivando la informalidad de las actividades económicas por fuera de los canales normales del sector financiero. No se deben perder de vista en el análisis los costos de intermediación financiera que podrían verse incrementados en desmedro de los asalariados que utilizan habitualmente estos servicios.

Creo que, en lugar de pensar en crear un nuevo impuesto nacional, se deberían revisar aquellos vigentes, principalmente el Impuesto a las Ganancias y el IVA. En la revisión propuesta, se debería hacer hincapié en aquellos tributos que permitan la unificación de la base imponible y no la doble imposición con los países miembros del Mercosur, pudiendo potenciar el comercio entre países.

El éxito o el fracaso de este tipo de impuesto dependerá de la forma de su aplicación y del debate pleno por parte de nuestros legisladores y de los actores de la economía.

Como un antiguo proverbio zen menciona, cuando el maestro le dice al alumno: we will see!

(*) Economista (UNLP) y Master en Finanzas (UCEMA), consultor en temas de economía y finanzas, docente de la UNLP, UAA y UTN

@pablobolino