Mediante un proyecto de resolución, Guillermo Bardón, concejal de La Libertad Avanza, buscará que el Ejecutivo comunal brinde precisiones sobre la licitación pública lanzada por la Comuna para la compra de 400 cámaras de vigilancia urbana.

El edil exigió saber “sobre qué criterio se hace la evaluación de un mapa del delito” y denunció que “cuando vino Diego Pepe, secretario de Seguridad, a hablar del delito, mostró un mapa de dos años atrás, lo que claramente nos demostró que no tenían uno actualizado”.

La consulta se basa en la intención del Municipio de adquirir cerca de 400 cámaras de vigilancia y lectoras de patentes, mediante licitación pública, que serán instaladas en distintos puntos de la ciudad.

En este caso puntual, el sector opositor no cuestiona la compra, pero exige conocer los criterios que adoptará el Ejecutivo para colocar los dispositivos en cada lugar. Además, pidieron detalles sobre “la fecha prevista de inicio y la duración estimada de las capacitaciones destinadas al personal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), detallando contenidos temáticos, modalidad de impartición y criterios de evaluación”.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza amplió el pedido solicitando información sobre “los mecanismos técnicos de integración de las 920 cámaras actualmente operativas en el municipio con el nuevo sistema proyectado, especificando compatibilidades, protocolos, plataformas, licencias y eventuales actualizaciones requeridas”.

Entre otras consultas, la oposición pidió conocer qué tipos de dispositivos se van a adquirir, así como sus garantías, rendimiento, baterías y demás características técnicas.

Más allá de los aspectos vinculados a los montos y modalidades que se debatirán en los pliegos licitatorios, LLA volvió a exigir precisiones sobre los criterios que se utilizarán para las ubicaciones de las cámaras, solicitando saber “si se han considerado mapas delictivos, estudios de movilidad urbana, zonas de vulnerabilidad, recomendaciones policiales o criterios técnicos específicos”.

Por último, Bardón consultó “qué medidas serán adoptadas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos recolectados, incluyendo sistemas de encriptación, niveles de acceso, auditorías periódicas y cumplimiento de la Ley de Protección de Datos”.