Por Martín López Lastra, especial para NOVA.

El capital político se puede atesorar y también perder. Hay hasta teorías que se permiten explicar cómo también puede transferirse ante variables externas que condicionan su crecimiento o disminución.

Esto ocurriría, si se diera la lógica política, con respecto a los modelos nacional y provincial del oficialismo, cada vez más divorciados en cuanto a la problemática de seguridad.

Y cada vez que Daniel Scioli ha dado una definición política ha sido para alejarse del módulo de comando que opera desde la Casa Rosada y su gabinete. Ocurrió en materia de minoridad, luego con el tema de los cortes de ruta y, ahora, con las políticas públicas en cuanto a la Policía Bonaerense.

Son definiciones producto del hartazgo y de las presiones del círculo íntimo kirchnerista que duelen y mucho. Pero que demuestran, según adversarios internos de Scioli, que el seguimiento leal e incondicional ha sido más aferrado a la conveniencia coyuntural política y no a la convicción.

Esta semana se apuntó como nunca antes a la política de seguridad del gobernador y a su ministro Ricardo Casal.

Respecto de este último, se reprodujeron y circularon las mil y un versiones de un retiro anticipado que el propio Scioli se encargó de desmentir. Fue el miércoles, considerado como día negro, cuando arreciaban los rumores de que Casal estaba armando las valijas. 

En la intimidad, según se pudo saber, Scioli lo retiene y lo contiene y le habría prometido una salida airosa de la situación. El tan famoso “puente de plata” que podría unir al Ministerio con un organismo de la Constitución.

No fueron tanto las continuas noticias sobre la inseguridad lo que dolió sino el desembarco de la tropa de paladar negro en La Plata que, a pocos metros de la Gobernación, hacía un balance que arrojaba cuentas en rojo a la situación de la inseguridad. Pero con una apreciación. No tanto de eficacia en las estadísticas. Sino en los modos.

La Comisión de la Memoria, ampliada con la presencia de diputados provinciales y nacionales, marcó en realidad la luz en rojo para las políticas respecto con el accionar policial, con casos como los ocurridos en José León Suárez y Baradero.

En conclusión, el documento, que contó con la anuencia del diputado Martín Sabbatella, denunció un alejamiento de Scioli del modelo de seguridad kirchnerista con respeto hacia los derechos humanos y con una policía más preocupada por la prevención que con la represión.

Fueron frases que calaron muy hondo en el sciolismo y específicamente en la cartera de Seguridad. En tanto, un político y dirigente institucional de muy alto rango manifestó a sus colaboradores que, días antes del documento, ya había visto al ministro como “victimizado”. No se sabe si como estrategia o como la consecuencia que ciertos ataques provocan en el ánimo de las personas.

Tales ataques no cesaron desde el ala “ortodoxa” interna del oficialismo, tal vez compitiendo con una oposición que muchas veces levanta su pie del acelerador. 

El disparo adicional partió de un legislador que pidió un jefe civil para la policía.  Recrear tal vez la cúpula civil de la época de León Arslanián. De toda esa estructura quedó un ministro civil por encima de la fuerza de seguridad.

Las dudas sobre posible adaptación de la Provincia al modelo nacional en materia de seguridad se disiparon, para peor, alentando un mensaje de divorcio que despertó curiosidad.

El jefe de Gabinete, Alberto Pérez, se encargó de aclarar que no hay un regreso a la reforma policial encarada por Arslanián, a quien consideró padre del fracaso en materia de seguridad. 

Realmente se caminó por la cornisa con esa respuesta tan asertiva. Porque políticamente implica riesgos políticos. El enojo despertado en el sciolismo ante tanta crítica desde el patio interno de la casa provocó reacciones inesperadas.

Porque, en realidad, y tal vez sin advertir consecuencias, el funcionario le contestó a la Presidenta. No le contestó solamente a la ministra de Seguridad Nilda Garré, quien se expresa libremente sin condicionamientos acerca de un norte en materia de seguridad. Cuando hay tanta libertad de un funcionario, las reglas políticas indican que el respaldo está más que explícito.

Ahora el riesgo está en la reacción de la opinión pública para reflexionar ante la posibilidad de que coexistan dos modelos de seguridad dentro de un mismo proyecto kirchnerista o si aquellos tibios matices que asomaban en el horizonte son ahora fuertes efectos de un contraste.

Si se da esta última posibilidad, habrá empezado entonces una batalla muy interesante donde difícilmente, tras su resolución, todo quede en paz y sin rencores.