Tras el relevamiento que realizó sobre movilidad para personas con discapacidad en el casco urbano de la ciudad, la ONG Iniciativa Ciudadana presentó un requerimiento (N° 168997) ante el Defensor del Pueblo bonaerense solicitando informes e instando a que el Estado y las Empresas de servicios públicos cumplan con la Ley 10.592.

El dirigente radical y massista, referente de IC, Pablo Pérez explicó que dicha normativa en su artículo 8º exige “un cupo del 4 por ciento de empleado con personas con discapacidad”.

Como la regulación (Régimen de Promoción Básico para las personas con discapacidad) “no se estaría cumpliendo”, la ONG pidió a la Defensoría  “que vele por estos derechos que protegen a un sector vulnerable de nuestra sociedad”.

“Realizamos este planteo porque estamos hablando de un gran sector de la población en donde la desocupación es moneda corriente. Solicitamos que el Estado Provincial por intermedio de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (creada por la misma ley 10592) ponga en funcionamiento la normativa”, agregó.

"La presentación se realizó específicamente sobre ese articulado pero debemos bregar para que la ley en su integralidad se cumpla. Debemos luchar para que los derechos de las personas con discapacidad no sufran atropellos ni sean vulnerados", finalizó Pérez

Cabe mencionar que el relevamiento relacionado a las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en lugares de esparcimiento arrojó resultados negativos.