La postulación de Luciana Bártoli a la Defensoría Ciudadana de La Plata generó fuertes cuestionamientos por sus vínculos políticos y su rol como vicepresidente de la Unión Cívica Radical (UCR) local. Su candidatura, entre las más polémicas de los 62 postulantes, fue impugnada por posibles conflictos de intereses. Este hecho expone un acuerdo político entre el oficialismo municipal y la UCR, poniendo en duda la imparcialidad que exige el cargo.

Según documentos a los que accedió REALPOLITIK, Bártoli fue designado en 2014 como parte de la Defensoría del Pueblo bonaerense por Carlos Bonicatto, actual jefe de Gabinete de Julio Alak, intendente de La Plata. Este vínculo político, sumado a su rol reciente en la UCR, contradice las normativas que regulan la Defensoría Ciudadana, donde se exige independencia y neutralidad.

La relación entre Bártoli y Bonicatto no es nueva. Ambos trabajaron juntos en "La hora del defensor", un programa radial que abordaba problemas sociales y soluciones impulsadas por la Defensoría. Este antecedente refuerza las críticas hacia una postulación que, según diversos sectores políticos, prioriza alianzas partidarias sobre el bien público. Además, Bártoli ha solicitado licencia de su rol en la UCR, aunque esto no ha disipado las dudas.

REALPOLITIK destacó que Guillermo Bardón, concejal de La Libertad Avanza, calificó como “grotesco” el supuesto acuerdo político que impulsaría la designación de Bártoli. La negociación habría sido parte de un pacto entre el oficialismo y la UCR vinculado a la reciente aprobación de la ordenanza fiscal e impositiva 2025, favoreciendo intereses partidarios en detrimento de los ciudadanos platenses.

En el Concejo Deliberante, crece la percepción de que la Defensoría Ciudadana será ocupada por alguien alineado políticamente con el oficialismo o sectores afines. Este proceso de selección, criticado por su falta de transparencia, ha generado una ola de impugnaciones y reclamos de vecinos que ven en riesgo la imparcialidad del organismo.

De confirmarse la designación de Bártoli, se consolidará una preocupante politización del cargo, que debería actuar como contralor de la gestión pública. Mientras las negociaciones políticas avanzan, los derechos de los platenses parecen quedar relegados, dejando en evidencia una vez más el uso del poder público para fines partidistas.