Por Mariano Cruz Liberatti, especial para NOVA.

“Prefiero a Guliani antes que a Zaffaroni”, exclamó el intendente de Baradero, Aldo Carossi, en el año 2007. El Diario de la ciudad tituló con letras de molde la elección del alcalde de New York sobre el prestigioso Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en medio del aumento de los delitos en la hasta entonces tranquila ciudad del norte bonaerense. En realidad, más que una declaración de prensa fue toda una definición ideológica que, puesta en práctica, llevó a Baradero a la portada de los diarios nacionales y no precisamente por sus soluciones sino por sus horrores.

La mano policial que jaló el gatilló que terminó con la vida del joven Lucas Rotela el 12 de febrero es la misma que conducía la camioneta de Inspección de tránsito el 21 de marzo y que terminó con Giuliana Jiménez y Miguel Portugal. Hay una cabeza político-policial que daba órdenes precisas y claras: mano dura para los chicos pobres. El policía Gonzalo Kapp no es un simple representante del gatillo fácil, además es un emergente de la maldita policía baraderense que hasta el sábado tenía la mala costumbre de pegar y después preguntar, que ahora parece haber mutado al tenebroso tirar a matar.

Desde la pueblada del 21 de marzo, tras la muerte de los adolescentes Miguel y Giuliana, el intendente de Baradero carece de consenso político y social para gobernar y optó por la utilización del miedo y el amedrentamiento para asegurar lo que él mismo denomina “la paz social”.

Hay quienes advirtieron, hace un tiempo ya, que sin represión Carossi no llega a diciembre del 2011. Para tal efecto puso al frente de la Policía Comunal al más fiel representante de la mano dura que existe por estos lares, el comisario Raúl Franzoia, el mismo que el 21 de marzo apareció con una escopeta en el medio de la pueblada y quiso enfrentar a los tiros a los manifestantes y fue corrido por una multitud que estuvo a punto de lincharlo.

Franzoia es un amante de las armas y, según afirmaron algunos efectivos de la fuerza, coleccionistas de símbolos nazis. Es ahijado de Pedro Carossi, el extinto caudillo de la ciudad y padre del actual intendente. En junio de 2010 el defensor oficial de San Nicolás, Gabriel Ganon, ante un brutal procedimiento que encabezó el propio Franzoia contra una adolescente de 16 años (casualmente su hermano es un testigo clave de los hechos del 21 de marzo) lo emparentó con los policías que supo describir Rodolfo Walsh en la década del 70´: “la del gatillo alegre y la mano en la lata”. Y no estaba errado porque su amigo el intendente, además de la jefatura de la policía, le había concesionado la recolección de basura, arguyendo una supuesta emergencia en la ciudad. Un escándalo que paró a tiempo el Tribunal de Cuenta.

Los casos de apremios ilegales denunciados en los medios de comunicación de Baradero en los últimos meses fueron demasiados. El comisario Hugo Prado, jefe de la policía departamental de San Nicolás -con jurisdicción en Baradero-, no podía estar ajeno a estas prácticas habituales. Prado fue el mismo que sostuvo la cúpula de la policía comunal junto a Carossi tras el 21 de marzo, a pesar de que la gente en la calle y el Concejo Deliberante por unanimidad había pedido su remoción. Con un agravante: el actual jefe departamental fue comisario de Baradero antes de saltar a la cúspide de la zona, conoce bien la ciudad y al poder político que la gobierna desde hace 20 años.

La concepción ideológica del intendente y del jefe departamental se materializó cabalmente en junio de este año cuando protegieron a su amigo Abel César Scollo, después de que una paciente investigación del fiscal Juan Patricio Murray obligó a que el juez federal Carlos Villa Fuerte Russo lo procesara por delitos de lesa humanidad, por ser presunto partícipe necesario de la desaparición de dos jóvenes de Baradero durante la última dictadura militar.

Scollo, ex miembro del ejército y actualmente titular de FM Tiempo, estuvo detenido cuatro días en la sede de la Policía Federal de San Nicolás antes de lograr la libertad condicional. Al regresar al micrófono que habitualmente comparte con el jefe comunal y de la policía regional, agradeció públicamente al comisario Hugo Prado por las visitas y la vianda. Todo un símbolo.

Las actuaciones judiciales por la muerte de Lucas Rotela cayeron en manos de la Fiscalía Nº 5 de San Nicolás, a cargo de Marcelo Manso, el mismo que investiga los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo. La causa es una tortuga, a punto tal que el inspector que mató a los dos jóvenes sigue en funciones y en ocasiones comanda operativos, como sucedió el 16 de enero pasado cuando se realizó un festival de rock y Oscar Miccuci dirigía el operativo de seguridad en las inmediaciones de anfiteatro municipal. Una provocación.

En conclusión, las absurdas muertes de jóvenes en Baradero no son productos de conductas “inexplicables” o de un efectivo policial que enloqueció -como lo declaró el intendente-; son la consecuencia de la mano dura que pregona el gobierno comunal asociada a la impunidad que garantizó la Jefatura Departamental y la lentitud de la Justicia. De otro modo no se entiende cómo el suboficial Gonzalo Kapp, con denuncias en Asuntos Internos y causas penales abiertas, seguía portando una itaka con balas de plomo.