Hace meses que este medio viene desenmascarando un entramado que mezcla testaferros, sociedades anónimas “clandestinas” y altos funcionarios, todo con el mismo fin: saquear al automovilismo argentino y poner en riesgo la vida de pilotos y espectadores.

En el centro del escándalo están Hugo Mazzacane (presidente de la ACTC y presunto dueño real de las sociedades organizadoras), Axel Kicillof (gobernador bonaerense) y Julio Alak (intendente de La Plata): el triángulo de corrupción que hoy amenaza con derrumbar la fiesta de la velocidad.

Las piezas del rompecabezas corrupto

• Automóvil Club La Plata SA: formalmente presidida por Cristian Bernat, en los hechos es propiedad de Mazzacane, quien maneja (sin control) la concesión de competencias.
• Autódromo Roberto Mouras: administrado por 2 sociedades anónimas presididas por “presta nombres” (Alfredo Jáuregui y Humberto “Tano” Rúffolo), pero cuyo verdadero beneficiario es el mismo Mazzacane.
• Quilmes Tolosa SA: empresa de Mazzacane salpicada por una investigación federal en Rosario por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico santafecino.

El motor político que aprieta el acelerador

Según documentos oficiales y testimonios, tanto Kicillof como Alak habrían dado órdenes directas a sus respectivos organismos (COPAM y Secretaría de Control Urbano platense) para aprobar de forma irregular toda la documentación de Mazzacane.

Así, se evaden requisitos de seguridad y sanidad indispensables en eventos automovilísticos de alto riesgo, exponiendo a miles de personas.

• En Provincia: la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo (COPAM), presidida por el Subsecretario de Deportes bonaerense (hoy renunciante), avala competencias pese a múltiples denuncias civiles, penales y administrativas. En su directorio figuran altos funcionarios de Vialidad, Transporte, Seguridad, Turismo y… ¡Gobierno! (Carlos Bianco, nexo central con Mazzacane).
• En La Plata: la Secretaría de Control Urbano y Convivencia (a cargo de Víctor Hortel) y la Subsecretaría de Desarrollo Comercial (María Sol Gutiérrez) liberan permisos que deberían ser imposibles de otorgar sin la firma de arquitectos, médicos y bomberos que, según las denuncias, rubrican documentos apócrifos.

El cóctel explosivo

Detrás de cada firma, hay un muerto que funge de testaferro, un comisario deportivo que condona irregularidades y un “hecho consumado” de impunidad. Se habla ya de delitos graves: incumplimiento de deberes, adulteración de documentos, abuso de autoridad y hasta complicidad en homicidio culposo si ocurre un accidente masivo.

Hasta ahora, todas las denuncias (presentadas en instancias administrativas y ante la Justicia Ordinaria) enfrentan demoras inexplicables. Mientras tanto, el autódromo se llena de público ajeno a que está a un par de trámites “truchos” de convertirse en escenario de una tragedia anunciada.

¿El desenlace?

Los denunciantes aseguran contar con un “sin número de pruebas” para llevar este caso ante el Ministerio Público Fiscal apenas venza el plazo administrativo.

Queda en evidencia que, en la “Carrera de la Corrupción”, Mazzacane, Kicillof y Alak no van en posición de podio para ganar, sino para hundir al automovilismo nacional en una curva letal.