El diputado provincial de Unión por La Patria, Ariel Archanco, se volvió a pronunciar en contra de las modificaciones que propone el DNU que quiere implementar el gobierno de Javier Milei y advirtió que las modificaciones propuestas atentan contra la protecciones que tienen los usuarios y consumidores de servicios públicos.

El legislador provincial que viene desde hace mucho tiempo trabajando en leyes que tiene relación con los servicios públicos y su trato con los usuarios y consumidores, observó que “el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, dictado por el Gobierno Nacional, elimina y modifica una gran cantidad de medidas de resguardo y protección para usuarios y consumidores, generando una enorme transferencia de recursos a las corporaciones hegemónicas”.

En ese sentido, el actual presidente el PJ platense, observó que las modificaciones van en desmedro de los contribuyentes y cuestionó la quita de protecciones y beneficios hacia las personas más vulnerables.

El ex concejal platense, también hizo notar que “las consecuencias del decretazo de Milei están a la vista, avasalla normas nacionales y provinciales que defienden a la ciudadanía, en la relación desigual que se da con los proveedores de bienes y servicios, eliminando toda intervención del Estado en su carácter de protector de la parte más débil”.

De esta forma, Archanco cuestionó las decisiones de Milei y reclamó que opciones del nuevo Gobierno no son las mejores: “¿Se vive mejor quitando protecciones y beneficios a las personas más vulnerables? ¿Se vive mejor desfinanciando la educación pública, o recortando a nuestros queridos jubilados? ¿Se vive mejor sin obra pública? ¿Se vive mejor con precios descontrolados?, ¿Qué va a pasar con tarifas, combustibles, alquileres, salud y educación a valores si se vuelven impagables para el bolsillo de las familias trabajadoras?”, cuestionó.

“Estamos convencidos de que hay otro camino, apuntó y apeló para cerrar que “por eso es necesario, poner de manifiesto las consecuencias dramáticas de estas medidas y hacer uso de todas las herramientas institucionales, políticas y comunitarias, para frenar el DNU y mantener la vigencia de leyes fundamentales para la protección de los derechos de los usuarios y consumidores”.